jueves, 1 de diciembre de 2011
Ayuda
Necesito contactar urgentemente a la docente del curso. Ya pude enviarle un correo pero no ha habido respuesta, si alguien conoce otro método como teléfono sería muy importante para mí. ES URGENTE
lunes, 28 de noviembre de 2011
Últimas definiciones glosaio
Fedatario: Persona que otorga la fe pública, como corredores, notarios, secretarios judiciales y cónsules.
Laudo es la denominación de la resolución que dicta un árbitro y que sirve para dirimir (resolver) un conflicto entre dos o más partes.
El equivalente al laudo en el orden jurisdiccional es la sentencia, que es la que dicta un juez. La diferencia estriba en que, mientras que la jurisdicción del juez viene marcada por la ley, la jurisdicción del árbitro viene dictada por la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, el arbitraje debe ser aceptado por ambas partes (ya sea de forma previa, a través de un contrato, o de posteriormente, cuando ya ha surgido el conflicto) como forma de resolver el litigio.
Para la ejecución del laudo arbitral es necesario acudir a un juez, que es quien tiene la potestad para ordenarlo y, en su caso, forzar su cumplimiento. Si el laudo ha sido dictado conforme a derecho, el juez no entrará a conocer sobre el contenido del mismo, sino que simplemente ordenará su aplicación.
Por ello, un laudo no tiene por qué estar fundamentado en derecho. Las partes pueden haber acordado que el arbitraje se haya hecho basándose en criterios de equidad.
Litis:
En el Derecho romano el término litis contestatio varía según el tipo de procedimiento en que tiene lugar. En el procedimiento de las acciones de la ley, la litis contestatio es el momento de la fase in iure en que son llamados los testigos del juicio para que recuerden lo que en dicha fase ha ocurrido y lo repitan ante el juez. En el procedimiento formulario la litis contestatio es un momento jurídico procesal un poco más complejo, que suele confundirse con el momento en que el demandado recibe la fórmula del demandante y la acepta, quedando así definido el juicio. Ya en la cognitio extraordinem la litis contestatio adopta una fisonomía diferente, puesto que si bien remite aun momento procesal específico, esto es, el momento en que la demanda es notificada al demandado, sus efectos dejan de ser los que se habían configurado durante la vigencia del procedimiento formulario.
El equivalente al laudo en el orden jurisdiccional es la sentencia, que es la que dicta un juez. La diferencia estriba en que, mientras que la jurisdicción del juez viene marcada por la ley, la jurisdicción del árbitro viene dictada por la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, el arbitraje debe ser aceptado por ambas partes (ya sea de forma previa, a través de un contrato, o de posteriormente, cuando ya ha surgido el conflicto) como forma de resolver el litigio.
Para la ejecución del laudo arbitral es necesario acudir a un juez, que es quien tiene la potestad para ordenarlo y, en su caso, forzar su cumplimiento. Si el laudo ha sido dictado conforme a derecho, el juez no entrará a conocer sobre el contenido del mismo, sino que simplemente ordenará su aplicación.
Por ello, un laudo no tiene por qué estar fundamentado en derecho. Las partes pueden haber acordado que el arbitraje se haya hecho basándose en criterios de equidad.
Litis:
En el Derecho romano el término litis contestatio varía según el tipo de procedimiento en que tiene lugar. En el procedimiento de las acciones de la ley, la litis contestatio es el momento de la fase in iure en que son llamados los testigos del juicio para que recuerden lo que en dicha fase ha ocurrido y lo repitan ante el juez. En el procedimiento formulario la litis contestatio es un momento jurídico procesal un poco más complejo, que suele confundirse con el momento en que el demandado recibe la fórmula del demandante y la acepta, quedando así definido el juicio. Ya en la cognitio extraordinem la litis contestatio adopta una fisonomía diferente, puesto que si bien remite aun momento procesal específico, esto es, el momento en que la demanda es notificada al demandado, sus efectos dejan de ser los que se habían configurado durante la vigencia del procedimiento formulario.
Últimos artículos a subir sobre la materia
Dispuestos, empresarios a reunirse con candidatos, incluido López Obrador
Aspirantes tienen que dar señales de que están en favor del sector, piden Coparmex y Concanaco-Servytur.
Susana González G.
Publicado: 27/11/2011 09:47
Publicado: 27/11/2011 09:47
México, DF. El sector empresarial está dispuesto a reunirse con todos los candidatos presidenciales, incluido Andrés Manuel López Obrador, pero advirtió que esta vez no escuchará únicamente sus propuestas, sino que les presentaran su propia agenda para que la hagan suya.
Ese es el reto, aseguró Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Vamos a generar una agenda con los puntos más importantes del sector empresarial y de toda la sociedad, que considere las necesidades, aspiraciones y cambios que requiere nuestro país. Si otra vez, independientemente de quien sea el candidato, nos imponen una agenda que no tiene compromiso con los ciudadanos ni está vinculada al pueblo de México, pues lo que va a pasar es que nos van a volver a incumplir, como lo han hecho durante muchas décadas, y en esa generalización el dirigente patronal incluyó a panistas y priístas.
Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), dijo que el comercio organizado prepara, con asesoría del Tecnológico de Monterrey, propuestas viables técnica, financiera y políticamente que entregarán a quienes compitan por la Presidencia.
En entrevistas por separado, ambos dirigentes coincidieron con las declaraciones que hace una semana hizo Mario Ruiz Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de que López Obrador no es un peligro para México, como se le etiquetó hace seis años en una campaña atribuida al sector privado.
Sin embargo, el líder de la Coparmex acotó que el tabasqueño, lo mismo que los otros aspirantes a gobernar, deben dar señales de que están a favor de un sectorempresarial responsable, con compromiso social con sus trabajadores y el pueblo de México, como la visión que siempre hemos tenido en Coparmex y todos los candidatos. Todos, independientemente quien sea, también deben asumir ese compromiso con el sector.
Gutiérrez Candiani y Dávila Flores aseguraron que respetan el viraje de un grupo de empresarios regiomontanos, encabezados por Alfonso Romo, Alberto Santos y Fernando Turner Dávila, quienes de votar en favor del PAN en las pasadas dos elecciones ahora impulsan un movimiento para respaldar públicamente a López Obrador, pero cuando se les preguntó si comparten las propuestas del tabasqueño, marcaron su distancia e insistieron en que preparan agenda propia.
¡Qué bueno que haya esas expresiones! Están en todo su derecho, es parte de la libertad y la democracia, y creo que es muy sano que el sector empresarial tenga diferentes visiones y las enriquezca. Somos muy respetuosos, es más, celebramos ese tipo de expresiones para cualquier candidato y partido, pero yo pediría que no perdamos de vista cuál es el objetivo principal: que la agenda ciudadana sea la de los candidatos, manifestó Gutiérrez Candiani.
Más mesurado, Jorge Dávila dijo: Somos muy respetuosos de la opinión de cada quien. Lo que haremos en Concanaco será presentar nuestras propuestas, escuchar a los partidos y sus candidatos y, en función de eso, cada quien será libre de ejercer su voto.
Comentó que todos los dirigentes partidistas y precandidatos están invitados para reunirse con los empresarios, pero cuestionado por qué López Obrador no fue convocado al 94 aniversario de Concanaco, celebrado este viernes, como sí se invitó al priísta Enrique Peña Nieto y a la aspirante panista Josefina Vázquez Mota, se justificó diciendo porque se nos vino el tiempo encima, se nos complicó (la organización del evento).
–¿Tienen fecha tentativa para entrevistarse con López Obrador?
–No, pero el jueves pasado recibimos al presidente del PRD, Jesús Zambrano. Tenemos tiempo para hacerlo, todavía no tenemos fecha, pero nosotros estamos abiertos a todas las opciones.
Fuente
Pretenden integrar grupo empresarial
Heladio Ruiz Olmos convocó a la primera reunión para crear una unión de empresarios laguenses, donde se pretende brindar asesoría a todos los integrantes.
Ruiz Olmos, reconocido por su trayectoria en el ámbito empresarial y deportivo, busca con esta unión pelear el estado de derecho y la razón de los empresarios.
“Estamos dando el primer paso buscando compañeros industriales y empresarios, buscar esa unión para tener representatividad aquí a nivel municipal con la finalidad de defender los derechos, los intereses comunes de cada uno de los empresarios que estén afiliados”, dijo Ruiz Olmos.
Estuvieron presentes representando a Mueblemex de Lagos Heladio Ruiz Olmos, de Grupo Eros Samuel Ruiz Gómez, de Estructuras y Montajes de Lagos Joaquín González Ruiz, de Industrias El Gallo Claudio Guzmán representado al señor Juan Guzmán, Ricardo de Santiago propietario de La Super de Santiago y Carlos Salazar de Frutería El Gordo Salazar Jr.
En futuras reuniones se establecerá el nombre oficial.
Los integrantes de una asociación de industriales de Lagos ofrecieron proporcionar su acta constitutiva, pero este proyecto pretende iniciar de cero y con gente nueva.
Uno de los requisitos es que cualquier persona que esté interesada en integrarse deberá incluir a una persona más, para de este modo ir en constante crecimiento.
No está establecido ninguna exclusividad en el giro, podrán integrarse de diversos.
“El beneficio es defender los intereses de cada uno de ellos, en su momento una vez logrado esto vamos a buscar personas profesionales en la materia para que vaya a darle el apoyo que necesita a cada uno de los afiliados”, comentó Ruiz Olmos.
Para eliminar los abusos están dispuestos a hacer lo necesario si se requiere hacer una resistencia civil, entonces se hará.
“Para que esos abogados voraces que son las lacras de aquí de la ciudad que se den cuenta que estamos unidos y no va a ser fácil perjudicar a un miembro de esta unión”, indicó.
Grupo Eros cuenta con el apoyo de una Consultoría del estado de Guanajuato que brindará asesoría al grupo.
“Aparte de generar ese tipo de representación, que se vea un beneficio para los empresarios afiliados en cuanto a asesorías fiscales, planeaciones, defensa legal, que ellos no lo vean como una carga sino como un beneficio”, dijo Samuel Ruiz Gómez.
Todo en busca de apoyar a los miembros con algún beneficio.
Fuente
Ese es el reto, aseguró Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Vamos a generar una agenda con los puntos más importantes del sector empresarial y de toda la sociedad, que considere las necesidades, aspiraciones y cambios que requiere nuestro país. Si otra vez, independientemente de quien sea el candidato, nos imponen una agenda que no tiene compromiso con los ciudadanos ni está vinculada al pueblo de México, pues lo que va a pasar es que nos van a volver a incumplir, como lo han hecho durante muchas décadas, y en esa generalización el dirigente patronal incluyó a panistas y priístas.
Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), dijo que el comercio organizado prepara, con asesoría del Tecnológico de Monterrey, propuestas viables técnica, financiera y políticamente que entregarán a quienes compitan por la Presidencia.
En entrevistas por separado, ambos dirigentes coincidieron con las declaraciones que hace una semana hizo Mario Ruiz Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de que López Obrador no es un peligro para México, como se le etiquetó hace seis años en una campaña atribuida al sector privado.
Sin embargo, el líder de la Coparmex acotó que el tabasqueño, lo mismo que los otros aspirantes a gobernar, deben dar señales de que están a favor de un sectorempresarial responsable, con compromiso social con sus trabajadores y el pueblo de México, como la visión que siempre hemos tenido en Coparmex y todos los candidatos. Todos, independientemente quien sea, también deben asumir ese compromiso con el sector.
Gutiérrez Candiani y Dávila Flores aseguraron que respetan el viraje de un grupo de empresarios regiomontanos, encabezados por Alfonso Romo, Alberto Santos y Fernando Turner Dávila, quienes de votar en favor del PAN en las pasadas dos elecciones ahora impulsan un movimiento para respaldar públicamente a López Obrador, pero cuando se les preguntó si comparten las propuestas del tabasqueño, marcaron su distancia e insistieron en que preparan agenda propia.
¡Qué bueno que haya esas expresiones! Están en todo su derecho, es parte de la libertad y la democracia, y creo que es muy sano que el sector empresarial tenga diferentes visiones y las enriquezca. Somos muy respetuosos, es más, celebramos ese tipo de expresiones para cualquier candidato y partido, pero yo pediría que no perdamos de vista cuál es el objetivo principal: que la agenda ciudadana sea la de los candidatos, manifestó Gutiérrez Candiani.
Más mesurado, Jorge Dávila dijo: Somos muy respetuosos de la opinión de cada quien. Lo que haremos en Concanaco será presentar nuestras propuestas, escuchar a los partidos y sus candidatos y, en función de eso, cada quien será libre de ejercer su voto.
Comentó que todos los dirigentes partidistas y precandidatos están invitados para reunirse con los empresarios, pero cuestionado por qué López Obrador no fue convocado al 94 aniversario de Concanaco, celebrado este viernes, como sí se invitó al priísta Enrique Peña Nieto y a la aspirante panista Josefina Vázquez Mota, se justificó diciendo porque se nos vino el tiempo encima, se nos complicó (la organización del evento).
–¿Tienen fecha tentativa para entrevistarse con López Obrador?
–No, pero el jueves pasado recibimos al presidente del PRD, Jesús Zambrano. Tenemos tiempo para hacerlo, todavía no tenemos fecha, pero nosotros estamos abiertos a todas las opciones.
Fuente
Pretenden integrar grupo empresarial
Heladio Ruiz Olmos convocó a la primera reunión para crear una unión de empresarios laguenses, donde se pretende brindar asesoría a todos los integrantes.
Ruiz Olmos, reconocido por su trayectoria en el ámbito empresarial y deportivo, busca con esta unión pelear el estado de derecho y la razón de los empresarios.
“Estamos dando el primer paso buscando compañeros industriales y empresarios, buscar esa unión para tener representatividad aquí a nivel municipal con la finalidad de defender los derechos, los intereses comunes de cada uno de los empresarios que estén afiliados”, dijo Ruiz Olmos.
Estuvieron presentes representando a Mueblemex de Lagos Heladio Ruiz Olmos, de Grupo Eros Samuel Ruiz Gómez, de Estructuras y Montajes de Lagos Joaquín González Ruiz, de Industrias El Gallo Claudio Guzmán representado al señor Juan Guzmán, Ricardo de Santiago propietario de La Super de Santiago y Carlos Salazar de Frutería El Gordo Salazar Jr.
En futuras reuniones se establecerá el nombre oficial.
Los integrantes de una asociación de industriales de Lagos ofrecieron proporcionar su acta constitutiva, pero este proyecto pretende iniciar de cero y con gente nueva.
Uno de los requisitos es que cualquier persona que esté interesada en integrarse deberá incluir a una persona más, para de este modo ir en constante crecimiento.
No está establecido ninguna exclusividad en el giro, podrán integrarse de diversos.
“El beneficio es defender los intereses de cada uno de ellos, en su momento una vez logrado esto vamos a buscar personas profesionales en la materia para que vaya a darle el apoyo que necesita a cada uno de los afiliados”, comentó Ruiz Olmos.
Para eliminar los abusos están dispuestos a hacer lo necesario si se requiere hacer una resistencia civil, entonces se hará.
“Para que esos abogados voraces que son las lacras de aquí de la ciudad que se den cuenta que estamos unidos y no va a ser fácil perjudicar a un miembro de esta unión”, indicó.
Grupo Eros cuenta con el apoyo de una Consultoría del estado de Guanajuato que brindará asesoría al grupo.
“Aparte de generar ese tipo de representación, que se vea un beneficio para los empresarios afiliados en cuanto a asesorías fiscales, planeaciones, defensa legal, que ellos no lo vean como una carga sino como un beneficio”, dijo Samuel Ruiz Gómez.
Todo en busca de apoyar a los miembros con algún beneficio.
Fuente
lunes, 21 de noviembre de 2011
Noticias de la semana
Exigen ONG a Calderón cumplir con sentencias de la CoIDH
MEXICO, D.F. (apro).- Al menos 79 organizaciones nacionales e internacionales, así como intelectuales, exhortaron al presidente Felipe Calderón a hacer efectivo su compromiso de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por soldados en 2002.
Luego de los dos fallidos actos de reconocimiento público de responsabilidad por parte del gobierno federal en los agravios a las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Campo Algodonero y la desaparición forzada de Rosendo Radilla en Atoyac, en una carta las ONG instaron a Calderón a evitar las fallas que han llevado a los familiares de las víctimas y a sus representantes a desconocer los eventos organizados por la Secretaría e Gobernación (Segob), dependencia encargada de coordinar el cumplimiento de las sentencias de la CoIDH.
En la misiva, demandan “evitar una repetición de los desafortunados hechos ocurridos en los actos públicos realizados en el marco de las sentencias conocidas como Campo Algodonero y Rosendo Radilla, los cuales no cumplieron con las expectativas de las víctimas ni con los mínimos ordenados por el tribunal interamericano”.
En esos casos, los familiares de las víctimas y sus representantes no acudieron a los actos luego acusar a la Segob de incumplir con los acuerdos pactados en meses de negociaciones; de ahí que a ninguno de esos eventos acudieran los familiares de las víctimas ni sus representantes.
En vísperas del evento sobre el caso Campo Algodonero, llevado a cabo el lunes 7, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe Zamora Castro, advirtió que no se incluirían en un memorial por lo menos 200 nombres de las víctimas del feminicidio en Juárez, Chihuahua, como ordena la sentencia de la CoIDH, y tampoco asistiría algún funcionario de alto nivel al acto.
En cuanto al acto de reconocimiento de responsabilidad en el caso de Rosendo Radilla, que estaba programado una semana después, el lunes 14, fue suspendido por la familia Radilla desde el miércoles 9, tras ser notificada de que no asistiría el entonces titular de la Segob, Francisco Blake.
El 16 de noviembre, de forma inesperada, la titular de la Unidad de Promoción y Derechos Humanos de la Segob, Omeheira López Reyna, avisó a la señora Tita Radilla que la disculpa pública se llevaría a cabo al día siguiente y que encabezaría el acto quien en ese momento era encargado de despacho de la dependencia, Juan Marcos Gutiérrez.
Por la premura y la falta de acuerdos, la familia Radilla no asistió.
Y frente a los preparativos para que se lleve a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad para la sentencia de Valentina Rosendo, los firmantes piden a Calderón que “se garantice la coordinación de esfuerzos entre las diversas instituciones para hacer del mismo un hito en la política de derechos humanos del Estado mexicano”.
Explicaron que Rosendo Cantú ya presentó a la Secretaría de Gobernación su propuesta, en la que se considera “el contenido y formato del acto, solicitando que éste se realice antes de que termine el año y lo encabecen funcionarios del más alto nivel, incluyendo una representación del Ejecutivo federal, Procuraduría General de la República y Secretaría de la Defensa Nacional”.
Otras características exigidas por la víctima son “la presencia de diversos actores sociales y políticos comprometidos con la defensa y promoción e los derechos humanos, que sea público y transmitido por diversos medios de comunicación”.
En su carta a Calderón, las ONG destacaron que de acuerdo con los parámetros de la CoIDH establecidos en las sentencias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega, el acto de reconocimiento público de responsabilidad “es una de las medidas de reparación más trascendentales”, sobre todo para las víctimas.
Se trata, resaltaron, de “un evento solemne y público en el cual el Estado reconoce la veracidad de su denuncia (de las víctimas) y reafirma públicamente el compromiso del Estado con el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y el combate a la violencia en contra de las mujeres”.
Insistieron en que las sentencias de la CoIDH tienen que ser acatadas en su totalidad y, en el caso del acto de reconocimiento de responsabilidad, el propio tribunal señaló que “la modalidad y contenido del evento, la presencia de las autoridades, el lugar que se llevará a cabo y la fecha de su realización deben acordarse” previamente con los familiares de las víctimas.
Entre los firmantes están el escritor Adolfo Gilly, el actor Bruno Bichir, la actriz Ofelia Medina, los analistas Carlos Fazio, Gilberto López y Rivas, el general Francisco Gallardo, el padre Miguel Concha, el obispo Raúl Vera López y la actriz Julieta Egurrola.
Entras las ONG, destacan Católicas por el Derecho a Decidir; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Centro de Análisis e Investigación, Fundar; Documenta Análisis y Acción por la Justicia Social; Amnistía Internacional; Centro por la Justicia y los Derechos Humanos, Robert F. Kennedy; Consejo General para la Abogacía Española; Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México; Washington Office of Latin America (WOLA).
Derechos y seguridad
Ni una cosa, ni la otra. Ni derechos, ni seguridad. Ni respeto a los derechos humanos, ni un Ejército que se encargue de protegerlos. Ése es el estado de las cosas en México durante los cinco años de gobierno de Felipe Calderón. Ésa es la descripción desgarradora que presenta Human Rights Watch en su último informe. Un país cada vez más violento, cada vez más caracterizado por tortura y torturadores, homicidios e impunidad, "levantones" y quienes los llevan al cabo. Unas fuerzas de seguridad nacional que al pelear de mala manera la guerra contra el narcotráfico reducen los crímenes cometidos contra la población a un simple "daño colateral".
No cabe duda que el enemigo existe, crece, se reproduce, se extiende. Toca virtualmente cada esfera de la vida pública del país: asesina, extorsiona, secuestra, bloquea carreteras, cierra escuelas, impone toques de queda, cuelga cadáveres desde los puentes, mata a policías y a presidentes municipales. Siembra el terror y cosecha la inseguridad. Tan sólo en 2011 ha habido más de 11,000 muertes reportadas en la prensa.
La pregunta obligada es ¿cómo se han comportado las fuerzas de seguridad ante este panorama? Para contestarla, Human Rights Watch llevó al cabo una investigación a fondo en cinco estados asolados por la violencia vinculada con el narcotráfico: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Y lo que encontraron -después de más de 200 entrevistas- es profundamente preocupante. La política de seguridad pública está fallando en dos frentes. No ha logrado reducir la violencia y en cambio sí ha resultado en un incremento dramático en las violaciones a los derechos humanos. En violaciones sistemáticas que rara vez son denunciadas, investigadas, sancionadas, castigadas. En prácticas endémicas e inaceptables.
Hombres torturados y mujeres violadas. Hombres electrocutados y mujeres golpeadas. Hombres asfixiados y mujeres amenazadas. Todo ello con el objetivo no sólo de obtener información sobre el crimen organizado, sino también conseguir confesiones forzadas para admitir la culpabilidad y a posteriori esconder los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las interrogaciones coercitivas. Las investigaciones llevadas al cabo por Human Rights Watch sugieren que las fuerzas de seguridad con frecuencia manipulan la escena del crimen para crear la impresión de que los asesinatos fueron cometidos por carteles rivales. En pocas palabras, los encargados de proteger el estado de Derecho terminan violándolo.
He allí en el reporte, 170 casos de tortura, 39 casos de "desapariciones", 24 casos de asesinatos extrajudiciales. Entre el 2003 y el 2006, la Comisión de Derechos Humanos recibió 691 quejas de abusos cometidos por el Ejército. Entre 2007 y 2010 el número ascendió a 4,803. Y la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, de extracción humilde, con múltiples trabajos; mecánicos y taxistas, obreros y albañiles. Sus familias insisten en su inocencia y muchas veces son presionadas por el Ejército para intercambiar una investigación por una compensación. Dinero a cambio de impunidad.
Y la impunidad persiste porque la justicia militar lo permite. Desde el último informe de Human Rights Watch titulado "Impunidad uniformada" publicado hace dos años, tanto la Corte Inter-Americana como la Suprema Corte han recomendado que México reforme el Código de Justicia Militar para asegurar que los casos de presunta violación de los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas sean procesados por la justicia civil. Para que esos casos realmente sean investigados. Para que haya culpas reconocidas y culpables identificados. Para que haya más que sólo 15 soldados enjuiciados frente a las 3,671 investigaciones iniciadas por la Procuraduría Militar que no van a algún lado y no terminan en alguna parte.Durante su reciente visita a México, José Miguel Vivanco, el director para América Latina de Human Rights Watch, reconoció que su reunión con Felipe Calderón había sido buena y fructífera. Habló de la apertura del Presidente a tratar estos temas y colaborar para encararlos. Habló de la buena disposición del Ejecutivo y la actitud cordial que adoptó. Pero poco tiempo después la Presidencia emitió un lamentable comunicado de prensa que desplegó una retórica peligrosa.
Una y otra vez, el gobierno insiste en catalogar a las víctimas como criminales. Una y otra vez la administración calderonista inisiste -sin presentar pruebas- en que el 90% de los asesinados estaban vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado. Siguiendo esta lógica, merecían morir, merecían ser torturados, merecían ser electrocutados, merecían ser levantados. Por un lado, el Presidente afirma que los derechos humanos son una "premisa central" de su gobierno, y por el otro su equipo demuestra exasperación y escepticismo frente a las violaciones cometidas y documentadas. Y para las víctimas o sus familiares quedan pocas opciones ante esta postura presidencial. Pueden llevar al cabo las investigaciones por su propia cuenta y enfrentando grandes riesgos al hacerlo. O pueden presenciar cómo sus casos languidecen dentro de una burocracia autista, una policía impune, un Ejército protegido.
De allí la importancia de que los abusos de derechos humanos se sometan a la jurisdicción civil. Que se reforme el Código de Justicia Militar. Que la reforma al sistema de justicia proceda a mayor velocidad. Que se cumpla la prohibición de usar evidencia obtenida a través de la tortura. Que los detenidos por las fuerzas de seguridad sean llevados inmediatamente al Ministerio Público en lugar de ser retenidos ilegal y arbitrariamente. Que se termine la práctica del arraigo y el uso de leyes vagas para justificar arrestos arbitrarios. Y finalmente que el gobierno deje de presentar la seguridad pública y los derechos humanos como objetivos en contienda, cuando son metas complementarias. Lo que México necesita es más derechos y más seguridad, no al revés.- México, Distrito Federal
No cabe duda que el enemigo existe, crece, se reproduce, se extiende. Toca virtualmente cada esfera de la vida pública del país: asesina, extorsiona, secuestra, bloquea carreteras, cierra escuelas, impone toques de queda, cuelga cadáveres desde los puentes, mata a policías y a presidentes municipales. Siembra el terror y cosecha la inseguridad. Tan sólo en 2011 ha habido más de 11,000 muertes reportadas en la prensa.
La pregunta obligada es ¿cómo se han comportado las fuerzas de seguridad ante este panorama? Para contestarla, Human Rights Watch llevó al cabo una investigación a fondo en cinco estados asolados por la violencia vinculada con el narcotráfico: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Y lo que encontraron -después de más de 200 entrevistas- es profundamente preocupante. La política de seguridad pública está fallando en dos frentes. No ha logrado reducir la violencia y en cambio sí ha resultado en un incremento dramático en las violaciones a los derechos humanos. En violaciones sistemáticas que rara vez son denunciadas, investigadas, sancionadas, castigadas. En prácticas endémicas e inaceptables.
Hombres torturados y mujeres violadas. Hombres electrocutados y mujeres golpeadas. Hombres asfixiados y mujeres amenazadas. Todo ello con el objetivo no sólo de obtener información sobre el crimen organizado, sino también conseguir confesiones forzadas para admitir la culpabilidad y a posteriori esconder los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las interrogaciones coercitivas. Las investigaciones llevadas al cabo por Human Rights Watch sugieren que las fuerzas de seguridad con frecuencia manipulan la escena del crimen para crear la impresión de que los asesinatos fueron cometidos por carteles rivales. En pocas palabras, los encargados de proteger el estado de Derecho terminan violándolo.
He allí en el reporte, 170 casos de tortura, 39 casos de "desapariciones", 24 casos de asesinatos extrajudiciales. Entre el 2003 y el 2006, la Comisión de Derechos Humanos recibió 691 quejas de abusos cometidos por el Ejército. Entre 2007 y 2010 el número ascendió a 4,803. Y la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, de extracción humilde, con múltiples trabajos; mecánicos y taxistas, obreros y albañiles. Sus familias insisten en su inocencia y muchas veces son presionadas por el Ejército para intercambiar una investigación por una compensación. Dinero a cambio de impunidad.
Y la impunidad persiste porque la justicia militar lo permite. Desde el último informe de Human Rights Watch titulado "Impunidad uniformada" publicado hace dos años, tanto la Corte Inter-Americana como la Suprema Corte han recomendado que México reforme el Código de Justicia Militar para asegurar que los casos de presunta violación de los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas sean procesados por la justicia civil. Para que esos casos realmente sean investigados. Para que haya culpas reconocidas y culpables identificados. Para que haya más que sólo 15 soldados enjuiciados frente a las 3,671 investigaciones iniciadas por la Procuraduría Militar que no van a algún lado y no terminan en alguna parte.Durante su reciente visita a México, José Miguel Vivanco, el director para América Latina de Human Rights Watch, reconoció que su reunión con Felipe Calderón había sido buena y fructífera. Habló de la apertura del Presidente a tratar estos temas y colaborar para encararlos. Habló de la buena disposición del Ejecutivo y la actitud cordial que adoptó. Pero poco tiempo después la Presidencia emitió un lamentable comunicado de prensa que desplegó una retórica peligrosa.
Una y otra vez, el gobierno insiste en catalogar a las víctimas como criminales. Una y otra vez la administración calderonista inisiste -sin presentar pruebas- en que el 90% de los asesinados estaban vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado. Siguiendo esta lógica, merecían morir, merecían ser torturados, merecían ser electrocutados, merecían ser levantados. Por un lado, el Presidente afirma que los derechos humanos son una "premisa central" de su gobierno, y por el otro su equipo demuestra exasperación y escepticismo frente a las violaciones cometidas y documentadas. Y para las víctimas o sus familiares quedan pocas opciones ante esta postura presidencial. Pueden llevar al cabo las investigaciones por su propia cuenta y enfrentando grandes riesgos al hacerlo. O pueden presenciar cómo sus casos languidecen dentro de una burocracia autista, una policía impune, un Ejército protegido.
De allí la importancia de que los abusos de derechos humanos se sometan a la jurisdicción civil. Que se reforme el Código de Justicia Militar. Que la reforma al sistema de justicia proceda a mayor velocidad. Que se cumpla la prohibición de usar evidencia obtenida a través de la tortura. Que los detenidos por las fuerzas de seguridad sean llevados inmediatamente al Ministerio Público en lugar de ser retenidos ilegal y arbitrariamente. Que se termine la práctica del arraigo y el uso de leyes vagas para justificar arrestos arbitrarios. Y finalmente que el gobierno deje de presentar la seguridad pública y los derechos humanos como objetivos en contienda, cuando son metas complementarias. Lo que México necesita es más derechos y más seguridad, no al revés.- México, Distrito Federal
miércoles, 16 de noviembre de 2011
Más definiciones
Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe:
mecanismos conducentes a la resolución del problema
revocar
- tr. Dejar sin efecto una concesión,mandato o resolución:
revocar una ley. - Arreglar o pintar de nuevo por la parte exterior las paredes de un edificio.
- ♦ Se conj. como sacar
apelar
- intr. der. Recurrir al juez o tribunal superior para que revoque la sentencia dada por el inferior.
♦ Se construye con las preps. a, ante, contra y de: apelar al/ante el tribunal superior. - Recurrir a una persona o cosa en cuya autoridad o criterio se confía para resolver un asunto.
♦ Se construye con la prep. a: apelo a su honradez.
impugnar
- tr. Combatir, contradecir, refutar con un recurso algo que se cree erróneo o ilegal:
impugnó el fallo del tribunal.
conducente
adj. Que conduce o lleva hacia algún sitio:mecanismos conducentes a la resolución del problema
lunes, 14 de noviembre de 2011
Artículos
Obtiene Amalia Patricia Cobos el primer doctorado en Derecho por la UACH
Masnoticias.-La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua realizó el primer Examen de Doctorado en su historia, presentado por Amalia Patricia Cobos Campos, quien obtuvo el grado de Doctor en Derecho en Investigación Jurídica, obteniendo la aprobación por unanimidad y con mención Cum Laude, tras la defensa de su tesis El Derecho a la intimidad y la exigencia de su constitucionalización.
Signaron el documento el presidente del Tribunal Superior de Justicia, doctor Pedro Antonio Enríquez Soto, y el director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, licenciado Jesús Hernández Navarro.
En este contexto, inició el curso “Juicio oral mercantil”, en el que participarán como ponentes jueces y magistrados del Poder Judicial del Distrito Federal, entidad impulsora de la correspondiente reforma.
En el evento celebrado en el auditorio Rey Nayar del Palacio de Justicia, el magistrado presidente del Tribunal nayarita, Pedro Antonio Enríquez Soto, dio a conocer que en una primera etapa en ese tipo de juicios orales sólo tendrán competencia los juzgados mercantiles de Tepic.
“Este –afirmó– es un primer esfuerzo que debemos hacer ante la falta de recursos económicos para poder abrir en los términos ideales lo que el sistema exige”; mencionó asimismo que la reforma en materia mercantil no viene acompañada de los correspondientes recursos necesarios federales.
En un principio, el curso estaba diseñado para impartirse al personal de los juzgados mercantiles, pero –agregó– “se hizo un esfuerzo para abrirlo al foro de abogados de la entidad y a los interesados en general”.
En otra parte de su intervención, Enríquez soto precisó que en Nayarit, los juicios mercantiles son los más frecuentes, después de los de ramo familiar.
El primer ponente del curso “Juicio oral mercantil” fue Alejandro Torres Estrada, miembro del Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien reconoció que actualmente no existen en el país juzgados diseñados para la oralidad pero a través de la capacitación podrán enfrentarse los correspondientes retos.
El jurado examinador fue encabezado por el Dr. Octavio Carrete Meza en presencia del M.C. Jesús Enrique Seáñez Sáenz, rector de nuestra Máxima Casa de Estudios; del M.D. Saúl A. Martínez Campos, Secretario General; así como otros funcionarios universitarios y facilitadores educativos.
Amalia Patricia Cobos Campos marca desde ahora una trascendente pauta en la Facultad de Derecho y señala el principio de una época a partir de la cual esta Unidad Académica comienza a otorgar el grado de Doctor.
Como parte del protocolo, que se realizó en la Sala de Juicios Orales de la institución, la sustentante Amalia Patricia Cobos Campos fue cuestionada en torno a sus tesis con el fin de ser calificada por el sínodo responsable de evaluar y calificar la defensa. En el jurado, además del Presidente Dr. Octavio Carrete Meza, se contó con la presencia de la Dra. María del Pilar Hernández y del Dr. Martín González de la O, ambos pertenecientes al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; igualmente por el Dr. José Caín Lara Dávila, secretario académico del dicho instituto y el Dr. César Iván Astudillo Reyes, director de la tesis doctoral.
La Dra. Amalia Patricia Cobos Campos, es Licenciada en Derecho, Maestra en Ciencias Penales y tiene además una Maestría en Derecho Financiero; todos esos grados, por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Como parte de su descatada trayectoria académica, Amalia Cobos a realizado cerca de 11 diferentes diplomados, ha participado como ponente en el IV Congreso Internacional de Derecho Procesal “La Jurisdicción y la Protección Internacional de los Derechos”, con la ponencia; La Tutela de los Derechos a la Privacidad e Intimidad, Relevancia de las decisiones Jurisdiccionales Internacionales en Latinoamérica, realizado en Cartagena Colombia.
Participo además en el IV Congreso Internacional de Derecho, Ixtapa, Zihuatanejo, México, con la Conferencia: Derechos Humanos con perspectiva de Género. 5-7 de mayo, 2011
Asistió como participante en el curso "Formación y Actualización en Procesos Regionales de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior", organizado y Becado por la OEA y el CONEAU, Buenos Aires Argentina, Marzo de 2010.
Formó parte del curso "Género y liderazgo político en el contexto de América Latina y el Caribe”, a través del Aula Virtual del Portal Educativo de las Américas, de la Organización de los Estados Americanos, del 29 de junio al 24 de agosto de 2011.
La Doctora fue Coordinadora de Docencia del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, también Catedrática de la misma Facultad desde 1990 a la fecha, habiendo obtenido la categoría de maestro de tiempo completo en el mes de junio de 2007.
Fue Coordinadora del Cuerpo Académico de Derecho Civil, catedrática hora clase de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, como Maestra titular de las cátedras de Derecho Laboral y Derecho Mercantil, hasta el mes de junio de 2007, entre muchos otros.
Inician cursos sobre los juicios orales mercantiles
Tepic, Nayarit/Noviembre 13.-El Poder Judicial y el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit firmaron un convenio de colaboración con el fin de capacitar al personal de los juzgados mercantiles y a abogados externos sobre la reciente reforma al Código de Comercio del país, por la cual a partir del 27 de enero de 2012 serán obligatorios los juicios orales mercantiles.Signaron el documento el presidente del Tribunal Superior de Justicia, doctor Pedro Antonio Enríquez Soto, y el director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, licenciado Jesús Hernández Navarro.
En este contexto, inició el curso “Juicio oral mercantil”, en el que participarán como ponentes jueces y magistrados del Poder Judicial del Distrito Federal, entidad impulsora de la correspondiente reforma.
En el evento celebrado en el auditorio Rey Nayar del Palacio de Justicia, el magistrado presidente del Tribunal nayarita, Pedro Antonio Enríquez Soto, dio a conocer que en una primera etapa en ese tipo de juicios orales sólo tendrán competencia los juzgados mercantiles de Tepic.
“Este –afirmó– es un primer esfuerzo que debemos hacer ante la falta de recursos económicos para poder abrir en los términos ideales lo que el sistema exige”; mencionó asimismo que la reforma en materia mercantil no viene acompañada de los correspondientes recursos necesarios federales.
En un principio, el curso estaba diseñado para impartirse al personal de los juzgados mercantiles, pero –agregó– “se hizo un esfuerzo para abrirlo al foro de abogados de la entidad y a los interesados en general”.
En otra parte de su intervención, Enríquez soto precisó que en Nayarit, los juicios mercantiles son los más frecuentes, después de los de ramo familiar.
El primer ponente del curso “Juicio oral mercantil” fue Alejandro Torres Estrada, miembro del Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien reconoció que actualmente no existen en el país juzgados diseñados para la oralidad pero a través de la capacitación podrán enfrentarse los correspondientes retos.
martes, 8 de noviembre de 2011
Artículos semanales
México con amplias posibilidades de ingresar al mercado Chino | ||||||||||
El país produce una gran cantidad de productos que pueden tener una gran demanda, afirma ex embajador mexicano en el país asiático | ||||||||||
|
| |||||||||
Puebla, Pue.- México, con la gran diversidad de productos que tiene, puede competir y participar en uno de los mercados más grandes del mundo: el de Oriente, afirmó el ex embajador de México en China, Sergio Ley López, quien participó en la apertura del curso América-China: una visión hacia el futuro, el cual promueve la Vicerrectoría de Docencia, el Centro de Innovación y Competitividad Empresarial y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP. Durante su conferencia “Hacer negocios en China; realidad y ficción”, ante estudiantes, académicos, empresarios y exportadores reunidos en el Centro de Aprendizaje Desarrollo e Innovación del Complejo Cultural Universitario, resaltó la necesidad de abrir la visión al mercado chino y dejar de depender del estadounidense al que se destina el 85 por ciento de los productos mexicanos de exportación. La sociedad china se está abriendo al consumo y cualquier artículo que se pueda introducir, mostrando no sólo el producto sino también las diversas utilidades que deba tener, abrirá dicho mercado, “ésta no es una tarea fácil, pero una vez que se penetra se convierte en un gran mercado”; un ejemplo está en la comida, aseguró el también Presidente de la Sección Empresarial Asia y Oceanía del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE). Puso como ejemplo al Grupo Maseca que abrió una fábrica en China donde está produciendo harina de maíz y tortilla, ésta última tiene su mayor demanda en el mercado restaurantero, sin embargo la intención de la empresa “no es tanto que los chinos se acostumbren a comer tortilla, sino que utilicen la harina de maíz en platillos chinos, otro concepto novedoso que puede ampliar su mercado”. La cerveza es otro ejemplo, porque si bien China tiene una importante producción de esta bebida, la mexicana se ha posicionado bien, los chinos la aprecian tanto que “la beben en la misma botella para que el resto de la gente sepa que están bebiendo una cerveza mexicana y que no es cualquier cerveza que se sirve en vaso, lo que es muy significativo”, subrayó Ley López. Los chinos son los principales productores de calzado en el mundo con 70 por ciento del mercado mundial, sin embargo también los importan; los productores italianos han sabido aprovechar este nicho y están vendiendo calzado que a pesar de ser muy caro, ya que cada par cuesta entre 500 y 600 dólares, es muy demandado, lo que refleja la forma en la que sean sabido posicionar los europeos. El ex embajador reconoció que México tiene buenos empresarios que requieren utilizar más tecnología de punta e instituciones de educación superior que son un buen semillero de emprendedores, sin embargo, señaló también se es necesario entrar de lleno a las reformas fiscal y energética que están atoradas desde hace mucho tiempo, así como actualizar la legislación laboral, para ser más competitivos. Por su parte Albert S. Nijboer, coordinador de Proyectos Internacionales de la Vicerrectoría de Docencia de la BUAP, explicó que América-China: una visión hacia el futuro, es un curso internacional donde participan 13 universidades de América Latina, Estados Unidos y China. En el caso de México, participan la UNAM y la BUAP, que iniciaron con cursos locales donde se presentarán cinco conferencias impartidas por especialistas; en el caso de la Máxima Casa de Estudios de Puebla con la presencia del ex embajador Sergio Ley López. A estas instituciones se suman las universidades de Georgetown de Washington, Estados Unidos, Autónoma de Santo Domingo de la República Dominicana, Simón Bolívar de Venezuela, Latina de Panamá y Zhejiang de China, así como las academias diplomáticas de Bolivia y Andrés Bello de Chile, que presenciarán videoconferencias impartidas por expertos desde la Academia de Ciencias Sociales de China, informó. Coparmex exige a los diputados federales “Fortalecer al IFE”Oaxaca.- A 30 años de la lucha democrática en México, el Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) Leonardo Valdez Zurita, urgió transitar de una democracia electoral a una ciudadana. En su encuentro con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), donde participó en la clausura del Encuentro Empresarial del Sureste, dijo que ha llegado el tiempo de fortalecer una fuerza ciudadana plena. “El sujeto de la democracia es el ciudadano, los ciudadanos tienen un derecho público, e irrenunciable con el estado, vigilando que se cumplan sus plenos derecho garantizados en la ley”. Mencionó que en los últimos 30 años una generación de mexicanos superó grandes diferencia y desencuentros y desde la pluralidad, edificado la institucionalidad democrática mexicana que permitió en el año 2000, una transmisión pacífica del poder público. “Dijo que la lucha ha valido la pena, pero ha llegado el tiempo de consolidarla haciendo valer con mayor fuerza el ejercicio del voto libre”. Si bien hemos logrado consolidar un régimen democrático o bajo el auspicio de la reforma constitucional, todavía tenemos que recorrer para construir ciudadanía más plena. Afirmo que el órgano electoral tiene un compromiso indeclinable con la ciudadanía, quien tiene que participar como actor de la mayor importancia en la construcción de la nueva democracia que requiere la nación. Dijo que el IFE por su parte se encuentra preparado para garantizar el desarrollo de elecciones pacífica y apegadas a derecho. “La confianza ciudadana en nuestra democracia nos permitirá avanzar en el desarrollo de los comicios federales 20012, donde se pretende instalar el 4 de julio venidero al menos 149 mil casillas. Indicó que se contara con un padrón electoral mayor a los 80 millones de ciudadanos, se espera imprimir 251 millones de boletas electorales y más de un millón 200 mil actas para la documentación electoral. Mencionó que por primera vez en una elección presidencial se aplicará la ley electoral producto de la reciente reforma constitucional y una renovada reglamentación interna encaminada a fortalecer la certeza, la equidad y los accesos de los partidos políticos a los medios de comunicación. Además dejó claro se contará con un reglamento de radio y televisión que fue ampliamente consensado y validado por los órganos jurisdiccionales, para garantizar una ágil difusión y distribución de los promocionales políticos y de campaña. “El nuevo reglamento abre la puerta a los medios de comunicación para que garanticen el desarrollo de los comicios y permiten la amplia participación ciudadana en el mismo”. Zurita dijo que hay pendientes que debe ser incluidos en la una nueva propuesta de reforma política, como la inclusión de los instrumentos de participación ciudadana como la consulta pública y las candidaturas independiente. “Una democracia plena implica que los ciudadanos incidan en la agenda pública y obtengan la suficiente información para normar sus criterios sobre los asuntos que consideran prioritarios”. VIGILARAN EMPRESARIOS ELECCIONES En el encuentro, el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Gerardo Gutiérrez Candiani, adelantó que se suscribirá un convenio histórico con el IFE para permitir al sector privado vigilar el desarrollo de los comicios federales del año entrante con la operación de una gran red de observación, la más amplia que se haya tenido en los últimos años. “Se trata de un convenio que permitirá capacitar a los hombres de negocios en la promoción del voto y observación electoral, aunque de alguna manera queremos empujar la agenda política, -particularmente la de los candidatos presidenciales de cada uno de los partidos políticos-, que debe estar en manos de los ciudadanos”. Detalló que estarán incluidos la mayoría de los centros empresariales del organismo en el país, evidenciando que cuenta con una membrecía de poco más de 10 mil socios. Gutiérrez Candiani, lanzó un nuevo llamado al Congreso Federal para que fortaleza al órgano electoral, dotándolo de los consejeros que le hacen falta. “Lo que queremos es que México tengo un IFE independiente y autónomo como lo marca la ley”. | ||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)