Exigen ONG a Calderón cumplir con sentencias de la CoIDH
MEXICO, D.F. (apro).- Al menos 79 organizaciones nacionales e internacionales, así como intelectuales, exhortaron al presidente Felipe Calderón a hacer efectivo su compromiso de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por soldados en 2002.
Luego de los dos fallidos actos de reconocimiento público de responsabilidad por parte del gobierno federal en los agravios a las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Campo Algodonero y la desaparición forzada de Rosendo Radilla en Atoyac, en una carta las ONG instaron a Calderón a evitar las fallas que han llevado a los familiares de las víctimas y a sus representantes a desconocer los eventos organizados por la Secretaría e Gobernación (Segob), dependencia encargada de coordinar el cumplimiento de las sentencias de la CoIDH.
En la misiva, demandan “evitar una repetición de los desafortunados hechos ocurridos en los actos públicos realizados en el marco de las sentencias conocidas como Campo Algodonero y Rosendo Radilla, los cuales no cumplieron con las expectativas de las víctimas ni con los mínimos ordenados por el tribunal interamericano”.
En esos casos, los familiares de las víctimas y sus representantes no acudieron a los actos luego acusar a la Segob de incumplir con los acuerdos pactados en meses de negociaciones; de ahí que a ninguno de esos eventos acudieran los familiares de las víctimas ni sus representantes.
En vísperas del evento sobre el caso Campo Algodonero, llevado a cabo el lunes 7, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe Zamora Castro, advirtió que no se incluirían en un memorial por lo menos 200 nombres de las víctimas del feminicidio en Juárez, Chihuahua, como ordena la sentencia de la CoIDH, y tampoco asistiría algún funcionario de alto nivel al acto.
En cuanto al acto de reconocimiento de responsabilidad en el caso de Rosendo Radilla, que estaba programado una semana después, el lunes 14, fue suspendido por la familia Radilla desde el miércoles 9, tras ser notificada de que no asistiría el entonces titular de la Segob, Francisco Blake.
El 16 de noviembre, de forma inesperada, la titular de la Unidad de Promoción y Derechos Humanos de la Segob, Omeheira López Reyna, avisó a la señora Tita Radilla que la disculpa pública se llevaría a cabo al día siguiente y que encabezaría el acto quien en ese momento era encargado de despacho de la dependencia, Juan Marcos Gutiérrez.
Por la premura y la falta de acuerdos, la familia Radilla no asistió.
Y frente a los preparativos para que se lleve a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad para la sentencia de Valentina Rosendo, los firmantes piden a Calderón que “se garantice la coordinación de esfuerzos entre las diversas instituciones para hacer del mismo un hito en la política de derechos humanos del Estado mexicano”.
Explicaron que Rosendo Cantú ya presentó a la Secretaría de Gobernación su propuesta, en la que se considera “el contenido y formato del acto, solicitando que éste se realice antes de que termine el año y lo encabecen funcionarios del más alto nivel, incluyendo una representación del Ejecutivo federal, Procuraduría General de la República y Secretaría de la Defensa Nacional”.
Otras características exigidas por la víctima son “la presencia de diversos actores sociales y políticos comprometidos con la defensa y promoción e los derechos humanos, que sea público y transmitido por diversos medios de comunicación”.
En su carta a Calderón, las ONG destacaron que de acuerdo con los parámetros de la CoIDH establecidos en las sentencias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega, el acto de reconocimiento público de responsabilidad “es una de las medidas de reparación más trascendentales”, sobre todo para las víctimas.
Se trata, resaltaron, de “un evento solemne y público en el cual el Estado reconoce la veracidad de su denuncia (de las víctimas) y reafirma públicamente el compromiso del Estado con el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y el combate a la violencia en contra de las mujeres”.
Insistieron en que las sentencias de la CoIDH tienen que ser acatadas en su totalidad y, en el caso del acto de reconocimiento de responsabilidad, el propio tribunal señaló que “la modalidad y contenido del evento, la presencia de las autoridades, el lugar que se llevará a cabo y la fecha de su realización deben acordarse” previamente con los familiares de las víctimas.
Entre los firmantes están el escritor Adolfo Gilly, el actor Bruno Bichir, la actriz Ofelia Medina, los analistas Carlos Fazio, Gilberto López y Rivas, el general Francisco Gallardo, el padre Miguel Concha, el obispo Raúl Vera López y la actriz Julieta Egurrola.
Entras las ONG, destacan Católicas por el Derecho a Decidir; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Centro de Análisis e Investigación, Fundar; Documenta Análisis y Acción por la Justicia Social; Amnistía Internacional; Centro por la Justicia y los Derechos Humanos, Robert F. Kennedy; Consejo General para la Abogacía Española; Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México; Washington Office of Latin America (WOLA).
Derechos y seguridad
Ni una cosa, ni la otra. Ni derechos, ni seguridad. Ni respeto a los derechos humanos, ni un Ejército que se encargue de protegerlos. Ése es el estado de las cosas en México durante los cinco años de gobierno de Felipe Calderón. Ésa es la descripción desgarradora que presenta Human Rights Watch en su último informe. Un país cada vez más violento, cada vez más caracterizado por tortura y torturadores, homicidios e impunidad, "levantones" y quienes los llevan al cabo. Unas fuerzas de seguridad nacional que al pelear de mala manera la guerra contra el narcotráfico reducen los crímenes cometidos contra la población a un simple "daño colateral".
No cabe duda que el enemigo existe, crece, se reproduce, se extiende. Toca virtualmente cada esfera de la vida pública del país: asesina, extorsiona, secuestra, bloquea carreteras, cierra escuelas, impone toques de queda, cuelga cadáveres desde los puentes, mata a policías y a presidentes municipales. Siembra el terror y cosecha la inseguridad. Tan sólo en 2011 ha habido más de 11,000 muertes reportadas en la prensa.
La pregunta obligada es ¿cómo se han comportado las fuerzas de seguridad ante este panorama? Para contestarla, Human Rights Watch llevó al cabo una investigación a fondo en cinco estados asolados por la violencia vinculada con el narcotráfico: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Y lo que encontraron -después de más de 200 entrevistas- es profundamente preocupante. La política de seguridad pública está fallando en dos frentes. No ha logrado reducir la violencia y en cambio sí ha resultado en un incremento dramático en las violaciones a los derechos humanos. En violaciones sistemáticas que rara vez son denunciadas, investigadas, sancionadas, castigadas. En prácticas endémicas e inaceptables.
Hombres torturados y mujeres violadas. Hombres electrocutados y mujeres golpeadas. Hombres asfixiados y mujeres amenazadas. Todo ello con el objetivo no sólo de obtener información sobre el crimen organizado, sino también conseguir confesiones forzadas para admitir la culpabilidad y a posteriori esconder los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las interrogaciones coercitivas. Las investigaciones llevadas al cabo por Human Rights Watch sugieren que las fuerzas de seguridad con frecuencia manipulan la escena del crimen para crear la impresión de que los asesinatos fueron cometidos por carteles rivales. En pocas palabras, los encargados de proteger el estado de Derecho terminan violándolo.
He allí en el reporte, 170 casos de tortura, 39 casos de "desapariciones", 24 casos de asesinatos extrajudiciales. Entre el 2003 y el 2006, la Comisión de Derechos Humanos recibió 691 quejas de abusos cometidos por el Ejército. Entre 2007 y 2010 el número ascendió a 4,803. Y la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, de extracción humilde, con múltiples trabajos; mecánicos y taxistas, obreros y albañiles. Sus familias insisten en su inocencia y muchas veces son presionadas por el Ejército para intercambiar una investigación por una compensación. Dinero a cambio de impunidad.
Y la impunidad persiste porque la justicia militar lo permite. Desde el último informe de Human Rights Watch titulado "Impunidad uniformada" publicado hace dos años, tanto la Corte Inter-Americana como la Suprema Corte han recomendado que México reforme el Código de Justicia Militar para asegurar que los casos de presunta violación de los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas sean procesados por la justicia civil. Para que esos casos realmente sean investigados. Para que haya culpas reconocidas y culpables identificados. Para que haya más que sólo 15 soldados enjuiciados frente a las 3,671 investigaciones iniciadas por la Procuraduría Militar que no van a algún lado y no terminan en alguna parte.Durante su reciente visita a México, José Miguel Vivanco, el director para América Latina de Human Rights Watch, reconoció que su reunión con Felipe Calderón había sido buena y fructífera. Habló de la apertura del Presidente a tratar estos temas y colaborar para encararlos. Habló de la buena disposición del Ejecutivo y la actitud cordial que adoptó. Pero poco tiempo después la Presidencia emitió un lamentable comunicado de prensa que desplegó una retórica peligrosa.
Una y otra vez, el gobierno insiste en catalogar a las víctimas como criminales. Una y otra vez la administración calderonista inisiste -sin presentar pruebas- en que el 90% de los asesinados estaban vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado. Siguiendo esta lógica, merecían morir, merecían ser torturados, merecían ser electrocutados, merecían ser levantados. Por un lado, el Presidente afirma que los derechos humanos son una "premisa central" de su gobierno, y por el otro su equipo demuestra exasperación y escepticismo frente a las violaciones cometidas y documentadas. Y para las víctimas o sus familiares quedan pocas opciones ante esta postura presidencial. Pueden llevar al cabo las investigaciones por su propia cuenta y enfrentando grandes riesgos al hacerlo. O pueden presenciar cómo sus casos languidecen dentro de una burocracia autista, una policía impune, un Ejército protegido.
De allí la importancia de que los abusos de derechos humanos se sometan a la jurisdicción civil. Que se reforme el Código de Justicia Militar. Que la reforma al sistema de justicia proceda a mayor velocidad. Que se cumpla la prohibición de usar evidencia obtenida a través de la tortura. Que los detenidos por las fuerzas de seguridad sean llevados inmediatamente al Ministerio Público en lugar de ser retenidos ilegal y arbitrariamente. Que se termine la práctica del arraigo y el uso de leyes vagas para justificar arrestos arbitrarios. Y finalmente que el gobierno deje de presentar la seguridad pública y los derechos humanos como objetivos en contienda, cuando son metas complementarias. Lo que México necesita es más derechos y más seguridad, no al revés.- México, Distrito Federal
No cabe duda que el enemigo existe, crece, se reproduce, se extiende. Toca virtualmente cada esfera de la vida pública del país: asesina, extorsiona, secuestra, bloquea carreteras, cierra escuelas, impone toques de queda, cuelga cadáveres desde los puentes, mata a policías y a presidentes municipales. Siembra el terror y cosecha la inseguridad. Tan sólo en 2011 ha habido más de 11,000 muertes reportadas en la prensa.
La pregunta obligada es ¿cómo se han comportado las fuerzas de seguridad ante este panorama? Para contestarla, Human Rights Watch llevó al cabo una investigación a fondo en cinco estados asolados por la violencia vinculada con el narcotráfico: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Y lo que encontraron -después de más de 200 entrevistas- es profundamente preocupante. La política de seguridad pública está fallando en dos frentes. No ha logrado reducir la violencia y en cambio sí ha resultado en un incremento dramático en las violaciones a los derechos humanos. En violaciones sistemáticas que rara vez son denunciadas, investigadas, sancionadas, castigadas. En prácticas endémicas e inaceptables.
Hombres torturados y mujeres violadas. Hombres electrocutados y mujeres golpeadas. Hombres asfixiados y mujeres amenazadas. Todo ello con el objetivo no sólo de obtener información sobre el crimen organizado, sino también conseguir confesiones forzadas para admitir la culpabilidad y a posteriori esconder los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las interrogaciones coercitivas. Las investigaciones llevadas al cabo por Human Rights Watch sugieren que las fuerzas de seguridad con frecuencia manipulan la escena del crimen para crear la impresión de que los asesinatos fueron cometidos por carteles rivales. En pocas palabras, los encargados de proteger el estado de Derecho terminan violándolo.
He allí en el reporte, 170 casos de tortura, 39 casos de "desapariciones", 24 casos de asesinatos extrajudiciales. Entre el 2003 y el 2006, la Comisión de Derechos Humanos recibió 691 quejas de abusos cometidos por el Ejército. Entre 2007 y 2010 el número ascendió a 4,803. Y la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, de extracción humilde, con múltiples trabajos; mecánicos y taxistas, obreros y albañiles. Sus familias insisten en su inocencia y muchas veces son presionadas por el Ejército para intercambiar una investigación por una compensación. Dinero a cambio de impunidad.
Y la impunidad persiste porque la justicia militar lo permite. Desde el último informe de Human Rights Watch titulado "Impunidad uniformada" publicado hace dos años, tanto la Corte Inter-Americana como la Suprema Corte han recomendado que México reforme el Código de Justicia Militar para asegurar que los casos de presunta violación de los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas sean procesados por la justicia civil. Para que esos casos realmente sean investigados. Para que haya culpas reconocidas y culpables identificados. Para que haya más que sólo 15 soldados enjuiciados frente a las 3,671 investigaciones iniciadas por la Procuraduría Militar que no van a algún lado y no terminan en alguna parte.Durante su reciente visita a México, José Miguel Vivanco, el director para América Latina de Human Rights Watch, reconoció que su reunión con Felipe Calderón había sido buena y fructífera. Habló de la apertura del Presidente a tratar estos temas y colaborar para encararlos. Habló de la buena disposición del Ejecutivo y la actitud cordial que adoptó. Pero poco tiempo después la Presidencia emitió un lamentable comunicado de prensa que desplegó una retórica peligrosa.
Una y otra vez, el gobierno insiste en catalogar a las víctimas como criminales. Una y otra vez la administración calderonista inisiste -sin presentar pruebas- en que el 90% de los asesinados estaban vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado. Siguiendo esta lógica, merecían morir, merecían ser torturados, merecían ser electrocutados, merecían ser levantados. Por un lado, el Presidente afirma que los derechos humanos son una "premisa central" de su gobierno, y por el otro su equipo demuestra exasperación y escepticismo frente a las violaciones cometidas y documentadas. Y para las víctimas o sus familiares quedan pocas opciones ante esta postura presidencial. Pueden llevar al cabo las investigaciones por su propia cuenta y enfrentando grandes riesgos al hacerlo. O pueden presenciar cómo sus casos languidecen dentro de una burocracia autista, una policía impune, un Ejército protegido.
De allí la importancia de que los abusos de derechos humanos se sometan a la jurisdicción civil. Que se reforme el Código de Justicia Militar. Que la reforma al sistema de justicia proceda a mayor velocidad. Que se cumpla la prohibición de usar evidencia obtenida a través de la tortura. Que los detenidos por las fuerzas de seguridad sean llevados inmediatamente al Ministerio Público en lugar de ser retenidos ilegal y arbitrariamente. Que se termine la práctica del arraigo y el uso de leyes vagas para justificar arrestos arbitrarios. Y finalmente que el gobierno deje de presentar la seguridad pública y los derechos humanos como objetivos en contienda, cuando son metas complementarias. Lo que México necesita es más derechos y más seguridad, no al revés.- México, Distrito Federal
Me pareció importante subir este tipo de noticias en estos momentos, ya que aunque realmente no son las más alineadas hacia el propósito de la materia, no pueden ser dejadas de lado
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